• Desde enero al pasado 27 de octubre, han provocado la cifra récord de 181 alertas alimentarias por pesticidas, 16,4 veces más que en todo 2019 y más del doble que en 2020.
• Un 66% del conjunto de notificaciones de cítricos del RASFF se deben al grupo clorpirifos, un plaguicida prohibido en la UE por su riesgo potencial para la salud humana.

La Interprofesional Citrícola Española denuncia “la alarmante pérdida de crédito” en materia de seguridad alimentaria que está sufriendo la Unión Europea (UE) por su “pasividad” ante las reiteradas alertas sanitarias con las importaciones de cítricos turcos. Así describe la presidenta de Intercitrus, Inmaculada Sanfeliu, lo que viene aconteciendo este año con las cifras oficiales del RASFF, el Sistema de Alerta Rápida para Alimentos y Piensos de la UE, que acredita niveles de incumplimientos en esta materia sin precedentes. Efectivamente, desde enero hasta el 27 de octubre, los cítricos de Turquía acumulaban 181 notificaciones, 16,4 veces más que las registradas en todo 2019 (11) y mucho más del doble que las de 2020 (75). En todos los casos se trata de partidas en las que se acreditó la presencia de pesticidas por encima del Límite Máximo de Residuos (LMR) y/o en las que se detectaron otros plaguicidas no autorizados por la UE por su toxicidad para el hombre y/o impacto medioambiental. 

Turquía y Egipto acaparan el 90,4% del conjunto de alertas del RASFF registradas por tales motivos (226 de las 250) en el periodo citado. Y el problema más veces repetido es con el grupo de insecticidas cuya retirada ha causado mayor impacto en la producción española de cítricos, los de la familia del clorpirifos: hasta un 66% de las alertas se refieren a lotes en los que se detectó la presencia de alguna de estas sustancias prohibidas en la UE (metil-clorpirifos, clorpirifos o clorpirifos-etil). Son los insecticidas que los citricultores españoles usaban para combatir un amplio espectro de plagas y los que, concretamente, eran claves para mantener controlado el llamado ‘Cotonet de Sudáfrica’. Un grupo de fitosanitarios que dejaron de usarse después de que la EFSA (Agencia Europea de Seguridad Alimentaria) confirmase que eran una amenaza potencial para la salud de los consumidores y que ahora la UE está consintiendo que sigan aplicándose a la fruta de Turquía y Egipto, que en su inmensa mayoría está accediendo igualmente al mercado comunitario. 

La situación del metil-clorpirifos en nuestro país, además, contrasta con la de Italia. Las autoridades españolas ordenaron su retirada inmediata en abril de 2020 mientras que las italianas consintieron su uso para nectarina y melocotón gracias a un permiso de uso excepcional. Ante el agravio comparativo creado, el Ministerio de Agricultura adujo que, en noviembre de 2020, cuando se hiciera efectiva la prohibición comunitaria y se redujera al mínimo el LMR de esta sustancia, estas frutas ya no estarían en la cadena alimentaria, cosa que no podía ocurrir con los cítricos españoles. Lo cierto es que, pese a lo dicho entonces, las autoridades transalpinas han mantenido este año la autorización excepcional.

La primera reacción de la Comisión Europa (CE) ante los reiterados incumplimientos de los cítricos turcos se produjo en mayo de 2020 cuando se pasó a considerar a sus mandarinas y naranjas como ‘productos de riesgo’ y se ordenó desde entonces inspeccionar en frontera el 10 y el 5%, respectivamente, de los lotes importados. Ayer, precisamente y ante la contundencia de los datos, la CE decidió elevar este porcentaje hasta el 20% de las partidas de mandarinas, naranjas y ahora también, de limones turcos. De cualquier modo, Intercitrus considera que tal porcentaje sigue siendo muy bajo, y reitera la evidencia de que el restante 80% de mercancía no controlada, por lógica, está siendo producida con los mismos estándares y conteniendo los mismos niveles de residuos. Esto es, siguen suponiendo una amenaza para la salud de los consumidores europeos pues no en vano Turquía exporta a la UE unas 300.000 Tm de cítricos anuales.

La situación generada con Turquía contrasta con las relaciones que mantiene la gran distribución europea con los exportadores españoles, a los que imponen protocolos en materia de residuos mucho más exigentes, con LMR’s hasta un 70% más bajos que los oficiales, reclamando cumplir conceptos no regulados por la UE (como aplicar una suma máxima de LMR´s por muestra en porcentaje), llegando incluso a proponer ‘listas negras’ de plaguicidas prohibidos discrecionalmente.

La UE, más allá de lo dicho, mantiene otra “doble moral” igualmente cuestionable: con programas como ‘De la granja a la mesa’ pretende forzar al agro a reducir un 50% en los próximos 8 años el uso de fitosanitarios y, mientras tanto, permite que los pesticidas ya prohibidos en el mercado comunitario –como el propio clorpirifos- se sigan produciendo en su territorio y exportando a países terceros como los mencionados.

A juicio de Intercitrus, la “complaciente” actitud del ejecutivo comunitario con Turquía mantenida durante tantos semestres a costa de la seguridad alimentaria de los consumidores solo se entiende por el interés de evitar que se repitan episodios como el acontecido a principios de 2020 cuando el presidente turco decidió romper el acuerdo de 2016 suscrito con la CE –que supuso una ayuda financiera de 6.000 millones de euros para afrontar la crisis de refugiados de Siria- y empujó o dejó pasar a los migrantes que se encontraban en su territorio, provocando una grave crisis humanitaria en la frontera grecoturca.